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CONTROL SOCIAL DESDE LA MIRADA DE LAS MUJERES

En la encuesta realizada por el Área de Derechos Políticos del ECAM para recoger la percepción de las mujeres de barrios y comunidades sobre el Control Social, se recuperaron datos muy interesantes, que reflejan los vacíos y al mismo tiempo los desafíos para la práctica de éste anhelado derecho.

Desde la percepción de las mujeres líderes y de base llegamos a las siguientes conclusiones:

La participación y control social es un derecho de las organizaciones sociales en la que no debe existir ninguna discriminación, como sucedía en el pasado con las organizaciones territoriales de base y los comités de vigilancia donde no eran incluidos otro tipo organizaciones como por ejemplo de productores, sindicatos, gremiales, mujeres, profesionales y otros actores sociales organizados.

 

Es necesario tomar en cuenta que las atribuciones para el ejercicio de la participación y control social son amplias, se debe crear una estructura que distribuya las responsabilidades con más espacios de participación donde se pueda ejercer un mejor control social y donde las mujeres estemos representadas.

 

Es imperiosa la necesidad de contar con una instancia de control social legítima y representativa, para una gestión transparente y eficiente, sobre todo para cumplir con la norma y los requisitos al momento de presentar su planificación de POA y Presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Un aspecto importante referente a las acciones y pronunciamientos que pudiera tener la instancia de Participación y Control Social es que no deben tener injerencia de ningún tipo.

 

En la reglamentación se deben incluir artículos referidos a los recursos económicos con los que se debe garantizar la implementación del control social, velando porque esos fondos también tengan un buen uso y sujetos a rendición de cuentas.

 

El acceso a la información pública de la gestión municipal es el instrumento principal para el ejercicio del derecho a la participación y control social, el mismo debe ser parte de la agenda de debate e incidencia que la sociedad civil establezca con las autoridades, en procura de la transparencia y legitimidad de la gestión pública.

 

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