La gestión 2020 se caracterizó en primer término por la crisis sanitaria a raíz del COVID-19. Una de las medidas asumidas por el gobierno fueron la cuarentena y el encapsulamiento. Este contexto de encierro obligó a muchas mujeres a convivir con sus agresores; quedó patente que el hogar –considerado el lugar más seguro para protegerse de los contagios– es el espacio más inseguro para las mujeres. Desde que la cuarentena rígida dio comienzo el 10 de marzo hasta el 31 de mayo, el Ministerio Público registró un total de 2935 denuncias de las cuales el 81% (2378 de las denuncias) corresponde a violencia familiar o doméstica.
